En los últimos años, el tema de la educación, tanto pública como privada, ha sido uno de los más comentados en Latinoamérica y los países restantes de América del Norte. Muchos estudiantes han decidido hacer valer sus derechos y salir a protestar a las calles ante la alarmante crisis educativa. Un caso reciente es la revuelta estudiantil en Chile en protesta por la desigualdad de oportunidades en la educación y por la crisis que vienen afrontando las universidades públicas por causa del autofinanciamiento, según escribe Manuel Luis Rodríguez. No obstante, considero que la privatización de la educación pública; es decir, la no gratuidad de la misma, no soluciona los problemas en este sector educativo. A continuación, presentaré dos argumentos que respaldan mi postura.
Muchas personas creen que por el hecho de que se paga y de que obtienes más oportunidades laborales a futuro, todas las universidades privadas son mejores que las públicas. Este argumento puede ser refutado desde el punto de vista de que en los centros de educación superior estatales se encuentran los mejores y más renombrados catedráticos, esto como consecuencia del renombre y prestigio de las mismas. Esta idea generalizada se encuentra vigente debido a que el Estado latinoamericano no se preocupa por brindar los suficientes recursos a las universidades públicas, siendo este uno de los deberes máximos de cada país. Un claro ejemplo lo otorga la Universidad de El Salvador, la misma que sólo recibe aportes equivalentes al 1,17% del total de gastos del estado salvadoreño. Este caso contrasta abismalmente con Canadá, quien es el país que más invierte en educación pública gracias a los impuestos estatales. Estos casos llevan a concluir que un correcto y responsable aporte del Estado a estas universidades, hará que los problemas de las mismas disminuyan o incluso desaparezcan.
Como segundo argumento, el Estado debe ser el principal garante de la igualdad de oportunidades para todos. En este caso específico, la educación al alcance de todos es un derecho fundamental defendido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos; por consiguiente, cada país debe brindar las facilidades para que toda persona, sin importar condición social, pueda acceder a una educación superior. Las pensiones deben ser única y exclusivamente condiciones de pago de las universidades privadas, ya que los inversionistas condicionan una serie de requisitos para continuar con los aportes. En cambio, las universidades públicas y su correcto mantenimiento es tarea es tarea del Estado como parte de su ayuda a estudiantes potenciales que no cuentan con muchos recursos.
En síntesis, reafirmo que la no gratuidad de la educación no soluciona los problemas de la educación superior pública ya que el Estado es el encargado de brindar los aportes necesarios para mantener a las universidades públicas y de esa manera acabar con la idea generalizada de que estas universidades son malas. Asimismo, la igualdad para todos es un valor y un derecho que cada país debe velar; en este caso, la educación debe llegar para todos. Es tiempo ya de que todas las personas podamos acceder a las mismas oportunidades educativas para que cada país siga progresando.
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